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Zonas de confort: De sobrevivir al “shock” a construir alternativas

“En esta segunda edición, el Congreso Catalán de Pobreza Energética se centra en las causas que agravan la problemática y en el estado actual de la defensa de los derechos energéticos en el ámbito local y europeo.”

Después del segundo congreso de pobreza energética celebrado los días 9 y 10 de Noviembre de este año en Barcelona, es el momento de abrir un periodo de reflexión para analizar donde nos encontramos y en que dirección nos debemos enfocar en esta problemática, que afecta de forma cada vez más incisiva a los hogares de este país.

Que en la primera frase de presentación del congreso se hable de las causas que agravan el problema y no de las causas que lo generan, que se hable de derechos energéticos y no del derecho al confort y que se hable del ámbito local y europeo sin hablar del ámbito autonómico y estatal, demuestra que probablemente estemos peor incluso de lo que imaginábamos.

A día de hoy, la pobreza energética es un concepto del que se habla de modo genérico y de manera recurrente por el sector político, técnico y la ciudadanía, pero, ¿Que es la pobreza energética?

El concepto de pobreza energética surge en Inglaterra en una época donde las viviendas con un nivel de rentas proporcionalmente menor al actual tenían que pagar unos costes en energía mayores, debido tanto a la crisis del petróleo como la baja eficiencia de los hogares.
Entre finales de los años setenta y la década de los ochenta hay varios autores que proponen varías definiciones, pero no es hasta 1991 que Brenda Boardman teoriza la definición que ha sido la más aceptada de forma mayoritaria.

La definición original es: “la incapacidad de una vivienda para lograr una temperatura adecuada debido a la ineficiencia energética del hogar”. El método para determinar esta situación era, en primer lugar, ser pobre, y en segundo lugar tener un gasto energético superior al doble de la media del porcentaje gastado por las viviendas de la zona. En el caso de Inglaterra, la media del coste de la energía por una vivienda era un 5% del sueldo en aquel momento, de forma que el doble era un 10% y esta fue la línea roja que marcó Brenda Boardman. Esto no quiere decir que siempre se tenga que utilizar el 10% para hacer la diagnosis.

Actualmente, también hay voces que afirman que: “La pobreza energética, no existe. Lo que existe es ni más ni menos que la pobreza.”  

A pesar de poder estar de acuerdo con el argumentario que conduce a ésta conclusión, puede que por defecto profesional también me parezca útil que haya una terminología concreta para un tipo de pobreza que tiene como variables la calidad de la vivienda y el precio de la energía. No solo por el marco teórico sino por la capacidad que tienen diferentes soluciones a este fenómeno de acabar siendo catalizadores de un nuevo modelo energético y de rehabilitación energética de viviendas, cosa que puede desembocar en un cambio político-social importante a una escala mayor.

Des de mi punto de vista, la definición más coherente y útil para desarrollar un marco teórico y propositivo de alternativas a este problema es que la pobreza energética hace referencia al fenómeno que tiene lugar en los hogares que, o no pueden pagar la energía suficiente para tener un mínimo de confort o bien se ven obligados a gastar una parte desproporcionada de sus ingresos para conseguirlo.
Es un fenómeno multi-causal del que son culpables los bajos ingresos económicos, la baja eficiencia energética en la vivienda y un precio de la energía alto.

Partiendo de esta definición del concepto, el siguiente paso es analizar en que situación nos encontramos en cuanto a sus consecuencias y herramientas para paliar el problema.

A día de hoy, la oficina de estadística europea Eurostat, cuantifica entre 50 y 125 millones de personas en la UE no pueden asumir el coste de calentar adecuadamente sus hogares, y se encuentran en riesgo de pobreza energética.

España supera ligeramente la media europea en cuanto a los problemas que tienen sus ciudadanos para calentar sus hogares durante el invierno, ya que mientras en 2016 la media en la UE era del 8,7% de personas rozando la línea de la pobreza energética, en España esa cifra llegaba al 10,1%.

Véase la evolución de estas cifras en los últimos 10 años:

 

Imagen del informe  de pobreza energética 2018 de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

 

A pesar de que el mismo director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, declaró que combatir la pobreza energética es una prioridad política, a nivel legislativo europeo y estatal, no se ha hecho ningún intento efectivo de resolver el problema de forma estructural, ya que a pesar de que el confort en el hogar es un derecho reconocido, la calidad de la vivienda y el derecho a la energía necesarias para garantizar dicho confort parece no ser prioritario a día de hoy.

El aumento de personas vulnerables no debería sorprender a nadie teniendo en cuenta la evolución de los precios de la energía y los ingresos familiares:

 

Imágenes del informe  de pobreza energética 2018 de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

Es importante remarcar que el derecho a garantizar no es la energía, sino el confort y los suministros para tener las necesidades materiales básicas cubiertas para una vida digna. El confort es el derecho a reivindicar y la energía es la herramienta que usamos para conseguir-lo.

Así pues, si se trabaja en el marco teórico del derecho al confort y no solo para el derecho a la energía, soluciones como la bajada de demanda por rehabilitación energética pasan a tener un papel principal en la solución de este problema. Es importante recordar que si el único objetivo es garantizar derecho a la energía sin mejorar la calidad térmica de las viviendas y sin cambiar el modelo energético, se aumentarían las emisiones de CO2eq  perjudicando a la lucha contra el cambio climático.

En la actualidad, a nivel estatal la propuesta principal para paliar las consecuencias de la pobreza energética ha sido el bono social que ha ampliado y mejorado la cobertura en El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, amplía y mejora la cobertura del bono social que se basa en reducciones de un 25% para consumidores vulnerables, de un 40% para consumidores vulnerables severos y en caso de ser un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

Esta medida es paliativa de las consecuencias del problema pero en ningún caso se acerca a solucionar ninguna de sus causas principales.

A escala de legislación autonómica, en Cataluña se aprobó la ley 24/2015, una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) impulsada por Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Dicha propuesta fue una medida de cortafuegos en medio de un contexto dramático que ha servido para evitar cortes de suministros, mejorando así la calidad de vida de miles de hogares y salvando vidas.

Si analizamos las consecuencias de dicha ley nos damos cuenta del riesgo que implica usar de forma indefinida una legislación que se ha desarrollado a modo de cortafuegos en una situación de emergencia.

La 24/2015, al evitar el corte de suministro permite que la persona amparada por dicha ley pueda seguir consumiendo, acumulando la deuda que dicho consumo genera. Este hecho implica que en casos de pobreza crónica no sea una solución del problema sino más bien una prórroga del mismo, que tarde o temprano acabará por volver de una forma casi imposible de gestionar.

Este endeudamiento en familias vulnerables puede tener dos consecuencias negativas: la primera es que el sobre-endeudamiento genere ansiedad a las familias, que ven que acumulan una deuda cada vez mayor, que en la mayoría de casos es completamente imposible que nunca puedan afrontar, con las consecuencias que esto implica.

La segunda es que por miedo a augmentar la deuda se caiga en dinámicas de infra-consumo auto-impuesto, de modo que a pesar de que no haya corte de suministro, se sigue vulnerando el derecho al confort, con las consecuencias en el bienestar y la salud que esto implica. Este caso es particularmente perverso, pues estos hogares a pesar de tener un consumo casi nulo siguen endeudándose pagando tasas y costes fijos de la factura (el porcentaje más alto del total), de modo que aumentan la deuda sin ni siquiera tener un mínimo de confort garantizado.

Una de las pocas propuestas de los defensores de usar esta ley de emergencia como solución a medio plazo es usar la deuda de los afectados como herramienta para negociar con las empresas energéticas. El surrealismo de dicho planteamiento es ,como poco, inquietante.

Afirmar que la administración pública va a negociar con una deuda privada que ha estado reconocida por la aplicación de una ley que la propia administración está promocionando pasa de irresponsable para ser directamente temerario.

¿En calidad de qué va una administración local a negociar la deuda de un particular en un contrato de suministro privado? A parte, se debe tener en cuenta que son miles de contratos, con empresas y de hogares diferentes, de modo que coordinar una negociación conjunta es un problema que no se puede tomar a la ligera.

A pesar del incalculable valor de la ILP 24/2015 y la incuantificable mejora en la calidad de vida de miles de personas que ha generado, el hecho de no tener una estrategia seria sobre como afrontar la deuda generada crea una inseguridad en los hogares que afecta a su confort y su salud de una forma que hace que sea una obligación de primer orden para la administración pública tomar medidas al respecto.

La solución a largo plazo para resolver este problema pasa por afrontar las tres causas principales del problema: precio de la energía, calidad de la vivienda y renta disponible.

En lo que hace referencia al precio de la energía, solo se puede afrontar re-estructurando el sistema en su totalidad: eliminar el sistema de oligopolio actual de las compañías, cambiar las fuentes de energía apostando por renovables, re-dimensionar la potencia generada y los sistemas de distribución y optimizar sistemas de consumo. En esta parte, las soluciones político-legales son a escala estatal y pasan por medidas estructurales a resolver a largo plazo.

En la calidad de la vivienda es donde la economía circular como modelo de gestión de ciclos de vida útil y flujos energéticos y materiales toma un papel principal. Teniendo en cuenta el parque de viviendas actual en España (la mayoría construidas antes de que el código técnico tuviera requisitos de calidad en el aislamiento), una propuesta de rehabilitación energética de las viviendas vulnerables con materiales aislantes reciclados  mejoraría la eficiencia de las viviendas, bajando su demanda y así haciéndolas menos dependientes de fuentes energéticas. Dichas rehabilitaciones podrían impulsar planes de empleo para personas del mundo de la construcción en situación de paro y para personas que se quisieran incorporar al mercado laboral.

Así pues, en un proyecto a pequeña escala de este tipo, una persona podría mejorar su situación en dos de las variables que afectan a la pobreza energética: la calidad de su vivienda, que mejoraría gracias al aislamiento y la renta disponible, que subiría al conseguir un empleo. Todo esto, en un marco de actuación con criterios de sostenibilidad al alargar la vida útil de materiales reciclados usados para la rehabilitación.

En una segunda fase de las mejoras de las viviendas, después de haber bajado su demanda energética, se debería pasar a generar sistemas de auto-producción y almacenamiento de energía a pequeña escala para favorecer la des-centralización y generar un auto-consumo que hiciera a los hogares menos dependientes de los oligopolios que actualmente poseen la totalidad del mercado.

 Para concluir, se deben tener claros los límites de estas iniciativas a pequeña escala. Recuerdo el Octubre del año pasado, oír a Brenda Boardman, en un seminario de Fundación Gas Natural Fenosa explicar como cambiar bombillas o hacer micro-intervenciones precarias en hogares vulnerables podía mejorar su calidad de vida al bajar un poco la demanda energética. Decir esto en un país donde el porcentaje de consumo de la factura es prácticamente residual y la calidad de las viviendas muchas veces ralla la precariedad es poco menos que cínico. Por no hablar de lo perverso de que sea una catedrática de Oxford pagada por una empresa de beneficios multimillonarios la que lo diga.

Por este motivo, es importante explicar que las micro-intervenciones o incluso la rehabilitación integral con medidas de auto-consumo no serán suficientes para resolver este problema si no se reestructura el sistema energético con garantías de subministro mínimo en función de las demandas básicas para el confort en las viviendas, con generación descentralizada y de fuentes renovables.

 

Daniel Serrano Serrat.

Sobre el autor: Daniel Serrano Serrat es arquitecto y Máster en Intervención Sostenible por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès – UPC. Especializado en sostenibilidad y replanteo de polígonos de viviendas en escenarios post-industriales. En la actualidad trabaja como arquitecto en el Ayuntamiento de Badia del Vallès en proyectos de rehabilitación energética, regeneración urbana, urbanismo participativo y estrategias contra la pobreza energética.

Página web del autor: http://serranoserrat.com/

LinkedIn del autor: https://www.linkedin.com/in/daniel-serrano-serrat-04848792/