Con sus luces y sus sombras, España es uno de los países europeos  mejor posicionados para iniciar la transición hacia la Economía Circular, y, de esta manera, en los siguientes párrafos voy a intentar explicar cuáles son los avances que, según los datos de los últimos años, han logrado consagrar a España como uno de los países europeos más comprometidos en la transición hacia una economía circular.

Según los datos que mostraba el Eurobarómetro en junio de 2016[1], España se lleva la medalla de bronce, junto con Luxemburgo, en cuanto al grado de implantación de la economía circular por parte de las empresas, con un 85% de ellas que reconoce haber realizado algún tipo de actividad relacionada con este modelo, por lo que, en este caso, podemos sentirnos bastante satisfechos. Ahora bien, estos datos son un poco tendenciosos y generalistas pues, si bien es cierto que las empresas españolas parecen ser conscientes de la necesidad de implantar medidas relacionadas con la economía circular, no es menos cierto que, al igual que ocurre a nivel comunitario, las diferencias entre regiones son muy grandes (de hecho, la Comisión Europea resalta nuestro complejo sistema de organización territorial y competencial, como uno de los principales obstáculos) y no en todos los sectores se han aplicado por igual; además, el hecho de haber aplicado alguna de estas medidas, tampoco significa que, en muchos casos, se haya hecho de manera profusa y/o continuada.

Uno de los principales problemas, es que en España “todavía no se cuenta con una metodología específica que esté suficientemente elaborada y consensuada para el seguimiento y evaluación de los procesos de economía circular[2]”, ni tampoco con una acción política específica, más allá de la que viene dada por la iniciativa de la Unión Europea, por lo que las iniciativas, en este campo, son aún incipientes y, principalmente, han ido encaminadas a la gestión de residuos (es decir, en relación a la fase final del producto, desaprovechando todas las oportunidades que brinda la aplicación de medidas en las demás fases de vida del producto). En los últimos años, se ha propuesto legislación y los partidos, en general, con independencia de su ideología política, han incluido igualmente propuestas en sus respectivos programas electorales, pero, dada la situación de crisis política actual, o no se han materializado, o se han acabado dejando en un segundo plano.

El Eurobarómetro, cuando realizó las encuestas de opinión en relación a la implantación de la economía circular por parte de las empresas de la Unión Europea en abril de 2016 (aunque los datos fueron publicados el mes de junio siguiente), analizó las mismas conductas de cada país por separado, y luego realizó un balance general, por lo que esto nos permite acceder, a través a su respectiva ficha, a los datos que se obtuvieron en España. En general, en comparación con el conjunto de la UE, una buena parte de las empresas de España habían adoptado medidas relacionadas con la economía circular en los tres años anteriores o estaban en proceso de adoptarlas, pero existiendo una gran divergencia según de cuál se tratase y, también (aunque en sintonía con el conjunto de la UE), afirmando muchas de las empresas encuestadas que ni habían aplicado estas medidas, ni pretendían aplicarlas en un futuro próximo, lo cual demuestra que el camino que ha de andarse aún es muy largo.

 De este modo, mientras que el 70% de las empresas había adoptado o estaba adoptando medidas para minimizar los residuos a través del reciclaje, la reutilización o la venta de estos a otra empresa, sólo el 13% usaba energías renovables (algo por debajo del conjunto de la Unión Europea y teniendo en cuenta el potencial que nuestro país tiene en este ámbito, claramente desaprovechado).

La Fundación Cotec para la Innovación, una organización privada sin ánimo de lucro encargada de “promover la innovación como motor de desarrollo económico y social”, en nuestro país ha desarrollado un detallado informe, publicado este año 2017, sobre la “Situación y evolución de la economía circular en España”[3], en el que analiza el impacto y el grado de presencia que este fenómeno tiene en nuestro país.

 Este informe reconoce que “los sistemas de indicadores aún no están totalmente desarrollados en España, especialmente los relativos a la prevención del uso excesivo de materias primas, el ecodiseño y la ecoinnovación”, por lo que, en estos campos, por ejemplo, las medidas que se están tomando son bastante escasas, indicando también que la mayoría de las acciones que se están llevando a cabo “están dirigidas a la gestión de residuos, dejando bastante olvidadas las fases iniciales de producción y consumo”, confirmando los datos que nos mostraba el Eurobarómetro.

 La conciencia ciudadana, en general, parece también más proclive a favorecer esta nueva corriente, destacando nuevamente lo relacionado con el reciclaje, tal y como revelan los datos de Ecoembes, organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje, que muestran que, en 2016, se reciclaron en España 1.351.903 toneladas de envases, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior, alcanzando, según el tipo de material, unos datos realmente positivos; así, en cuanto a los envases de metal (latas de refrescos o conservas) se alcanzó en 2016 una tasa de reciclaje del 84,8%, los residuos de papel y cartón el 82,3% y los envases de plástico recuperados el 66,5%, situándose todas estas cifras por encima de los objetivos establecidos dentro del Paquete de Economía Circular de la Comisión Europea para 2020.

 En este mismo sentido, tomando como fuente Eurostat, en lo relativo a la prevención y la reducción de residuos, los datos nos muestran que la cantidad de residuos generados por hogar, en nuestro país, descendió un 32,8%, pasando de los casi 2.000 kg/hogar del año 2000 a los 1.342 kg/hogar del 2011, habiéndose producido este descenso en la generación de residuos por habitante, a un ritmo superior al experimentado por el conjunto de la Unión Europea.

Ahora bien, aunque es evidente que, en muchos aspectos, España está haciendo bien los deberes, también lo es que, en muchos otros, no se ha producido ningún avance o, incluso, se ha empeorado la situación. En algunos de los principales motores de la economía española, como el turismo (todavía muy marcado por el modelo convencional de “sol y playa”, poco sostenible y poco innovador desde el punto de vista ecológico), la agricultura (el consumo de productos fitosanitarios ha crecido en los últimos años y, a pesar de que España se sitúa en los primeros lugares de la UE en número de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, según datos del MAGRAMA, la superficie dedicada a ésta se ha reducido desde 2011) o la industria (el consumo de energía y la emisión de CO2 aumentan, empeorando la tendencia hacia la ecoeficiencia), las soluciones inspiradas en la economía circular no llegan, o lo hacen muy lentamente.

 De hecho, una de las consideraciones del Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión, sobre la “Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE”, en su Informe de España[4], publicado el 3 de febrero de 2017, emplaza a nuestro país a “mejorar la gestión de los residuos y desarrollar el potencial de la economía circular”, aunque también reconoce avances, tales como que “la actuación de las pymes españolas está por encima de la media de la UE en diversos indicadores relativos a la eficiencia en el uso de los recursos y los mercados verdes”, que “España ocupa el noveno puesto en el índice de innovación de 2015” (a pesar de que el rendimiento sigue siendo alto, posicionándose por encima de la media de la UE España ha descendido tres puestos y ha perdido cuatro puntos en comparación con el ECO-IS de 2013). También reconoce, como punto positivo, que España cuenta con 942 organizaciones registradas en el EMAS[5] (Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría), siendo el segundo país con más entidades registradas, sólo por detrás de Alemania, y es el cuarto país de la UE en número de licencias de etiquetas ecológicas[6]. En cuanto a los vertederos ilegales, no obstante, España, tal y como se reconoce en el documento, tiene un serio problema que la Comisión sigue muy de cerca, habiendo llevado a España en más de una ocasión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha condenado a nuestro país en numerosas ocasiones[7]. Por último, se reconoce que “España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, aunque su abandono puede ofrecer ventajas económicas, sociales y medioambientales, permitir una mayor competitividad y contribuir a la consolidación presupuestaria”.

 Algunos de los planes y estrategias que ha adoptado España, para favorecer esta transición, son los siguientes:

• Consumo Sostenible: Programa Compra Publica Verde AGE. Plan de acción de ahorro y eficiencia energética.
• Ecodiseño: Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
• I+D+i: Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
• Residuos: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, fue aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
• Estrategia economía circular o Referente global para su implantación: Estrategia española de desarrollo sostenible 2007.
• Política sobre Biomasa y alimentación: Estrategia española de Bioeconomía Horizonte 2020.

 Una de las conclusiones más destacables que, personalmente, he podido sacar de los datos y los informes estudiados, pues todos ellos coinciden, en términos generales, en el mismo punto, se refiere a la consideración, por irónico que pueda resultar, de la actual situación económica de nuestro país, atravesando todavía una recesión, como un escenario propenso y propicio para buscar alternativas en la economía circular. Realmente, estas ideas conectarían a la perfección con las que defendía Nadya Zhexembayeva en su “Estrategia del Océano Esquilmado”, cuando llamaba a revertir la situación problemática y convertirla en una solución.

 Si España potenciase más y mejor las políticas para conseguir una transición hacia una economía circular, las oportunidades serían inmensas, pues nuestro país reúne muchas condiciones que, potencialmente, son susceptibles de favorecer este cambio, como lo son:

• Los recursos naturales para producir energías renovables; como la eólica, la solar, la hidráulica o la mareomotriz, por ejemplo.
• La dimensión de nuestro territorio; el segundo de mayor extensión en la UE.
• La gran cantidad de ecosistemas y climas presentes en nuestro territorio, de hecho, España está considerado como el país con la mayor biodiversidad de toda Europa, prueba de ello es que es el EEMM que más espacios naturales protegidos aporta a la Red Natura 2000, cubriendo casi el 30% de nuestro territorio y aportando por sí sola el 19% del total de la Red, estando presentes más del 80% de todas las especies vegetales existentes en la UE y más del 50% de las especies animales.
• La mano de obra; la elevada cifra de paro nos muestra que hay muchísimas personas en edad de trabajar desempleadas, que podrían cubrir buena parte de esos puestos de trabajo que se necesitan; y, a su vez, ya se ha demostrado que la economía circular es una gran generadora de empleo-
• Un desarrollo tecnológico nada despreciable, según el informe “State of European Tech”, un estudio elaborado en 2016 por Atomico -uno de los fondos de inversión más importantes de Europa-, España se sitúa entre los cincos países de Europa con mayor desarrollo tecnológico, lo que resulta crucial para acelerar y favorecer el proceso de transición hacia la economía circular.
• Una conciencia social y empresarial cada vez más preocupada por buscar alternativas de este tipo.

No obstante, todas esas condiciones potencialmente propicias no se están explotando y se están desperdiciando numerosas oportunidades, por lo que, en definitiva, podemos concluir que, pese a que el grado de implantación de la economía circular en España no es, en términos generales, malo, todavía queda mucho por hacer, y, paradójicamente, se hace poco. España es uno (sino el que más) de los países europeos con mayor potencial para propiciar el cambio hacia un sistema de economía circular y, sin embargo, uno de los que menos esfuerzos está haciendo (a nivel gubernamental, tanto del Gobierno Central como de alguno de los Gobiernos Autonómicos, pues, sin embargo, las organizaciones privadas que apoyan esta transición medidas son bastante numerosas) para lograrlo.  Además, en lo que se refiere a cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, ya se ha visto que España no es precisamente un ejemplo y que la imagen que lanza al resto de los socios europeos es de falta de compromiso y seriedad, por lo que, quizás, deberíamos empezar por hacer cumplir y respetar todas las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea, especialmente en materia medioambiental y, así, convertir a España en un motor del cambio.

[1]http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/circular%20economy/surveyKy/2110

[2] Vilariño, A. (2017). ¿Cómo avanza la economía circular en España y en Europa?. Compromiso Empresarial. [online] Disponible en: http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/06/como-avanza-la-economia-circular-en-espana-y-en-europa/  [Consultado el 3 Oct. 2017].

[3] El informe es muy extenso y está muy detallado, por lo que es imposible explicarlo con detenimiento, por ello, para ampliar información, se puede acceder a él pinchando en el siguiente enlace: http://cotec.es/media/informe-CotecISBN-1.pdf

[4] {COM(2017) 63 final}. 3.2.2017

[5] EMAS es el acrónimo de Eco-Management and Audit Scheme, una herramienta de gestión para empresas y otras organizaciones, de aplicación voluntaria, que permite evaluar, mejorar y dar a conocer su comportamiento ambiental.

[6] Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea constituye una parte importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y a los consumidores para mejorar su actuación ambiental. La EEE es uno de los instrumentos incluidos en el Plan de Acción Comunitario de Producción y Consumo Sostenible y Política Industrial Sostenible de la UE y cuenta con el respaldado de las autoridades ambientales de la UE y de los Estados Miembros.

El objetivo es promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente. FUENTE: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

[7] De hecho, España es el país que más incumple las leyes medioambientales en la Unión Europea. Es el estado al que más expedientes se le abren y cuyos procedimientos llegan más lejos: está a la cabeza en el número de casos que la Comisión Europea remite al Tribunal de Justicia a pesar de las múltiples oportunidades que los reglamentos comunitarios dan a los países para evitar verse frente a los magistrados. Desde 2012 se sitúa a la cabeza como el país más incumplidor y el que más denuncias acumula.

Ignacio Belda Hériz

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